A los 16 años, “Gringasho” se convirtió en el sicario más temido del norte del Perú. Era un adolescente, pero ya acumulaba denuncias por múltiples asesinatos por encargo, cometidos en Trujillo entre 2011 y 2012. Su primer crimen fue cuando tenía 12 años.
Fue detenido, internado en un centro juvenil conocido como «Maranguita» y se fugó más de una vez, desafiando a la policía, al Estado y al propio sistema de justicia juvenil. Llamaba la atención su forma de actuar, disfrazándose incluso de reciclador para esperar a sus victimas. Su historia llenó portadas, noticieros y programas dominicales. La pregunta era inevitable: ¿Debe un menor de edad que mata, secuestra o extorsiona ser juzgado como un adulto?
¿Qué hizo el sistema en ese momento?
En aquel entonces, la ley solo permitía aplicar medidas socioeducativas a adolescentes, por un plazo limitado, aun si el delito era gravísimo. No importaba si el crimen era homicidio, violación o sicariato: la respuesta legal era la misma.
El caso de Gringasho se convirtió en un símbolo de impunidad juvenil para algunos sectores, y en una alerta de fracaso del sistema socioeducativo para otros.
¿Qué cambió ahora?
El 10 de mayo de 2025, el Congreso modificó el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. ¿El punto clave? Ahora, adolescentes de entre 16 y 18 años pueden ser procesados y sancionados como adultos cuando cometan delitos especialmente graves:
Homicidio (art. 107-108)
Violación sexual (art. 170-173)
Sicariato (108-C)
Terrorismo (D. Leg. 25475)
Tráfico ilícito de drogas, entre otros.
Además, se modificó el artículo 22 del Código Penal para que estos adolescentes ya no tengan automáticamente responsabilidad restringida, sino que puedan recibir penas completas según el delito cometido.
¿Qué significa esto?
Si un adolescente de 17 años comete un homicidio por ejemplo,ya no será enviado solo a un centro juvenil: podría enfrentar un proceso penal como cualquier adulto y ser enviado a un penal.
Las opiniones están divididas hasta el momento
A favor:
Envía un mensaje firme a bandas criminales que reclutan adolescentes.
Los adolescentes no serán impunes frente a la comisión de delitos
Es una medida que busca controlar la criminalidad en el país
En contra:
Choca con tratados internacionales que exigen justicia especializada para adolescentes.
Puede cortar procesos de rehabilitación y reproducir violencia en vez de prevenirla.
Riesgo de criminalizar jóvenes en situación de exclusión o pobreza.
