CASO DE ÉXITO

Ser intervenido por la policía y acusado de portar armas o drogas puede cambiar la vida de una persona en cuestión de minutos. Este fue el escenario que enfrentó mi patrocinado, un joven estudiante universitario quien en sus tiempos libres se dedicaba al servicio de movilidad, él fue investigado por los presuntos delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y posesión vinculada a drogas, imputaciones que implicaban un alto riesgo de prisión efectiva.

Gracias a una defensa técnica desde la etapa inicial de la investigación, el Ministerio Público solicitó el archivo del caso-sobreseimiento, reconociendo la ausencia de elementos suficientes para sostener la imputación penal

¿En qué consistía el caso?

El caso se inició a partir de una intervención policial en la que se atribuyó a mi patrocinado la posesión de un arma de fuego y municiones, además de una presunta vinculación con sustancias ilícitas.

La hipótesis fiscal inicial sostenía que estos hallazgos configuraban delitos graves relacionados con seguridad pública y tráfico ilícito, lo que colocaba a mi patrocinado en una situación procesal altamente riesgosa.

Sin embargo, el desarrollo de la investigación reveló un aspecto fundamental: el arma atribuida resultó ser un arma falsa y el acta de incautación fue indebidamente adulterada.

¿Qué hizo inicialmente la Fiscalía?

En una primera etapa, la investigación se orientó bajo la premisa de que existía una posesión ilícita de arma de fuego y elementos relacionados con drogas, basándose principalmente en el acta policial de intervención.

No obstante, conforme avanzaron las diligencias, la propia investigación fiscal evidenció que:

• el objeto incautado no constituía un arma de fuego funcional,

• no existían elementos técnicos que acreditaran capacidad lesiva,

• y no se encontraron pruebas adicionales que reforzaran la hipótesis acusatoria inicial.

Es decir, la tesis fiscal carecía de corroboración objetiva.

La estrategia de defensa

Desde el inicio del caso, la defensa se enfocó en evitar que una imputación basada únicamente en una apariencia inicial avanzara hacia una acusación formal.

La estrategia se desarrolló en tres líneas clave:

1. Control técnico del elemento material del delito

Se impulsó la verificación pericial del objeto incautado, demostrando que no se trataba de un arma de fuego real ni funcional, elemento esencial para la configuración del delito.

2. Cuestionamiento de la suficiencia probatoria

Se evidenció que la imputación fiscal se sustentaba únicamente en el contexto de la intervención policial, sin pruebas adicionales que vincularan a mi patrocinado con actividad ilícita. Luego de revisarse celular y redes sociales, no se encontró otros indicios que afirmaran su vinculación con el tráfico de drogas ni de armas de fuego. 

3. Reafirmación del estándar de presunción de inocencia

Se destacó que el derecho penal exige evidencia objetiva y corroborada, no simples sospechas o inferencias iniciales.

¿Por qué se archivó el caso?

Tras el desarrollo de la investigación, el propio Ministerio Público concluyó que:

No existían elementos de convicción adicionales que sostuvieran la imputación.
La hipótesis fiscal inicial no alcanzaba el estándar mínimo para continuar el proceso penal.

Se recalcó la inoperatividad del arma de fuego encontrada en su vehículo.

Se remarcó a través de pericia grafotécnica que el Acta de incautación había sido adulterada.

En consecuencia, la Fiscalía solicitó el archivo de la investigación, descartando responsabilidad penal de mi patrocinado.