CASO DE ÉXITO

Una Jueza Superior acudió a en consulta tras ser denunciada penalmente por el presunto delito de demora en los actos funcionariales, acusación que ponía en riesgo no solo su carrera profesional, sino también su reputación personal construida durante años en la magistratura.

El denunciante sostenía que la magistrada habría retrasado injustificadamente la emisión de resoluciones judiciales, intentando trasladar al ámbito penal lo que aparentaba ser un problema propio de la dinámica del despacho judicial

La acusación partía de una premisa equivocada: asumir que cualquier retraso en un proceso judicial constituye automáticamente un delito.

Sin embargo, el Derecho penal exige algo más que una simple demora. Para que exista responsabilidad penal debía probarse: una conducta dolosa a través de un incumplimiento deliberado del deber funcional. En el desarrollo de los actos de investigación, logramos demostrar que nada de ello existió-

Desde el inicio, nuestra defensa se orientó a desmontar la crminalización indebida de la función jurisdiccional mediante una estrategia técnica basada en tres pilares:

1. Diferenciar responsabilidad penal de responsabilidad administrativa

Se demostró que las eventuales demoras injustificada  —de existir— debían evaluarse en órganos de control interno del Poder Judicial del Perú y no en la vía penal.

2. Acreditar la inexistencia de dolo

Se evidenció que la actuación de la magistrada respondía a factores objetivos como:

• elevada carga procesal,

• complejidad de expedientes,

• dinámica real del sistema judicial.

• Situación de Emergencia sanitaria COVID-19

Nada de ello estuvo orientado a la intención de incumplir funciones.

3. Aplicación del principio de mínima intervención penal

Se sustentó que el derecho penal es la última ratio y no puede utilizarse para judicializar desacuerdos funcionales o retrasos estructurales del sistema de justicia.

Luego del análisis de los elementos de convicción y los argumentos presentados por la defensa: La Fiscalía dispuso el archivamiento definitivo del caso.

Se concluyó que la conducta denunciada no constituía delito y además no existían elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal en ese snetido la imputación carecía de relevancia penal.

La investigación fue cerrada sin afectar la situación jurídica ni profesional de la magistrada.

Si eres funcionario público, profesional o particular y has sido denunciado injustamente, una defensa técnica temprana puede marcar la diferencia entre un proceso prolongado y un archivamiento oportuno.

Recuerda que Una estrategia penal adecuada no solo defiende — protege tu futuro.